La investigación del brutal homicidio del abogado Gustavo Medina Carneiro, ocurrido en mayo de este año, parece haber sido desestimada por el Ministerio Público, generando fuertes cuestionamientos desde el entorno policial. A pesar del avance significativo de los investigadores, la Fiscalía, encabezada por el fiscal Rodrigo Espínola, levantó la orden de detención que pesaba sobre dos mujeres señaladas como piezas claves en la logística del crimen.
Las mujeres, identificadas como Carolina Candia León y Shirley Daiara Bordón, habían sido vinculadas directamente al hecho a través de evidencia recolectada durante un allanamiento en una vivienda utilizada como aguantadero por los sicarios. Según el Crio. Principal Hugo Grance, las mujeres fueron responsables del alquiler del inmueble, la contratación de herreros para acondicionar el portón que ocultó a los asesinos y hasta de proveer los víveres mediante compras realizadas en un supermercado.
No obstante, a pesar de estos elementos, Candia y Bordón fueron liberadas sin siquiera ser imputadas luego de presentarse voluntariamente ante la Fiscalía junto a sus abogados. El hecho ha causado profunda indignación entre los agentes investigadores, quienes consideran que el trabajo técnico y de inteligencia realizado ha sido ninguneado por el Ministerio Público.
Este giro en el proceso deja más preguntas que respuestas y alimenta la percepción de que ciertos sectores de la justicia operan con discrecionalidad preocupante, debilitando así la lucha contra el crimen organizado y la impunidad.
